En México, la educación superior enfrenta retos históricos que no podemos seguir postergando: cobertura insuficiente, deserción escolar, programas académicos poco pertinentes y un déficit en la empleabilidad de los egresados. Superarlos requiere algo más que reformas aisladas: necesitamos un gran acuerdo entre gobierno, universidades públicas y privadas, empresas y sociedad civil.

Las universidades particulares han demostrado su efectividad en la formación de ciertas áreas del conocimiento, especialmente en carreras ‘tradicionales’, y pueden ser una vía eficiente para ampliar cobertura. Un modelo tripartita de becas —33% aportado por el Estado, 33% por la universidad y 33% por el alumno— permitiría al Estado canalizar recursos de manera más inteligente, garantizando acceso a la educación superior a quienes no logran ingresar a instituciones públicas.

El ejemplo es claro: el presupuesto 2025 de la UNAM, de 58 085 millones de pesos, para 373 682 estudiantes, representa un costo promedio de 155 500 pesos por alumno al año. Un esquema mixto de becas podría ofrecer esa misma formación en instituciones particulares a un costo igual o menor, liberando recursos para que las universidades públicas se concentren en innovación, investigación y programas estratégicos.

Lecciones de otros países: India ofrece un caso inspirador. Más del 55% de sus estudiantes universitarios están en instituciones privadas. Este modelo ha permitido una expansión masiva del sistema y la formación de cerca de un millón de ingenieros cada año, fortaleciendo su liderazgo global en tecnología y transformación digital.

La visión Loyola: en la Universidad Loyola de América, esta visión se refleja en nuestro programa de becas —que llega a cubrir hasta el 100% en casos de necesidad extrema—, en prácticas profesionales con alto impacto social y en la colaboración con otras instituciones para fortalecer programas académicos pertinentes. Creemos en un modelo donde el talento y el compromiso social sean el verdadero requisito de ingreso.

El futuro de la educación superior en México pasa por la colaboración y la corresponsabilidad. No se trata de competir entre lo público y lo privado, sino de unir fuerzas para garantizar que cada joven que quiera estudiar, pueda hacerlo, y que su formación esté alineada con las necesidades reales del país.